- La diputada destaca la enmienda del Grupo Socialista para que las viviendas colaborativas formen parte del catálogo de servicios y prestaciones de la Generalitat Valenciana y señala que el Ayuntamiento de Alcoy será pionero con la puesta en marcha de 20 viviendas de este tipo
- La secretaria de Justicia Social del PSPV-PSOE asegura que la ley recogerá de manera específica la atención temprana para los niños y niñas de entre 0 y 6 años con algún tipo de discapacidad como una prestación garantizada y gratuita
València, 28 de enero de 2019.- La diputada del Grupo Socialista en Les Corts, Concha Andrés, ha expresado que la Ley de Servicios Sociales Inclusivos que se debatirá y votará esta semana en el Pleno de Les Corts “es el buque insignia de la política social del Consell” ya que “consolida derechos y libertades”. “Es una ley de gran importancia porque en algún momento de nuestra vida todos y todas tendremos que ampararnos en ella y podremos beneficiarnos de las prestaciones y servicios que necesitemos”, ha explicado Andrés para añadir que “es una ley pensada para los 5 millones de valencianos de la Comunitat”.
Concha Andrés ha puesto en valor las enmiendas presentadas por el PSPV-PSOE a la Ley de Servicios Sociales Inclusivos así como la aprobación de 150 enmiendas transaccionales entre los diferentes grupos que muestra “el gran esfuerzo de diálogo y pacto de estas Corts”. De las enmiendas socialistas, la diputada del PSPV-PSOE ha destacado la incorporación la implantación y desarrollo de viviendas colaborativas para personas dependientes dentro del catálogo de servicios y prestaciones de la Generalitat Valenciana. “Tenemos que pensar en recursos que permitan vivir y envejecer donde la persona elija, cerca de su familia y en el entorno que conoce, en su pueblo o ciudad, teniendo los apoyos necesarios de la Administración y respetando el derecho a una vida independiente”, ha indicado Concha Andrés.
La parlamentaria ha señalado que con esta medida “se combate la soledad, la principal enfermedad del siglo XXI, y se mejora la calidad de vida de estas personas”. Andrés ha remarcado que los ayuntamientos tendrán “un papel fundamental en la implantación de la ley”, ya que, según ha asegurado, “sin ellos no sería posible, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo marco de reparto de competencias acompañado y el incremento de la ratio de profesionales de servicios sociales”. Así, ha puesto de ejemplo que al Ayuntamiento de Alcoy que ya se ha comprometido a la implantación de 20 viviendas colaborativas en suelo municipal.
La también secretaria de Justicia Social del PSPV-PSOE ha valorado la actuación del gobierno valenciano en estos tres años y medio por “recomponer la situación que vivía la Comunitat Valenciana en materia social” y de pasar de “estar a la cola de España en gasto social por habitante a conseguir situarnos en la media nacional”. “Venimos de una etapa en la que el PP estaba dejando morir el Estado del Bienestar con sus recortes y dejando fuera del sistema de protección a miles de personas”, ha explicado la diputada.
“Esta ley introduce un nuevo modelo de vida para las personas dependientes que va a permitir tener una vida mucho más autónoma y libre”, ha remarcado Concha Andrés quien ha destacado que la ley es “una apuesta porque el sistema de Bienestar sea sostenible en el tiempo y eficaz que se suma a otras medidas que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía como la Renta Valenciana de Inclusión”.
La dirigente socialista ha incidido en la importancia que dará esta ley a la prevención “para intentar romper el ciclo de pobreza y que esta no sea una cuestión hereditaria”. Así, ha señalado que con la puesta en marcha de la norma se ampliará el ratio de profesionales por habitante que “permitirá abrir una nueva época en la que mejore el trabajo de intervención social para erradicar la pobreza y luchar contra la desigualdad”.
La diputada ha destacado otras dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. La primera de ellas es sobre la ampliación de la cartera de derechos de los centros de reconocimiento de discapacidad para facilitar su certificación, mientras que la segunda supone la implantación de manera contundente de la atención temprana en los niños de 0 a 6 años para mejorar su detección y los cuidados necesarios.