- La portavoz socialista de Igualdad en Les Corts Valencianes, Rosa Mustafá, ha instado a las universidades a sumarse a la propuesta y recuerda que “el futuro de un pueblo libre está condicionado por la formación”
- La iniciativa plantea también facilitar la incorporación de los investigadores e investigadoras a las universidades valencianas e incrementar el número de plazas de acogida
València, 2 de septiembre de 2021.– La portavoz de Igualdad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Rosa Mustafá, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) con la que se plantea crear un plan específico de ayudas para investigadoras y estudiantes afganas en situación de riesgo, así como facilitar su incorporación a las universidades valencianas. La iniciativa propone además incrementar el número de plazas de acogida y acelerar “los procesos de reconocimiento de protección internacional de las personas afganas, así como facilitar su reunificación familiar”.
En este sentido, la diputada socialista ha señalado que “junto a los medios institucionales de protección internacional, las universidades son el sustento del derecho a la educación y la clave para proteger el resto de derechos en cualquier país” y ha instado a las universidades valencianas a sumarse a esta propuesta: “El futuro de un pueblo libre está condicionado por la formación y la información de la ciudadanía, y en ese camino las universidades son la garantía para mantener sus derechos y sus libertades”, ha afirmado Mustafá.
La propuesta del PSPV-PSOE busca “garantizar puestos académicos para las mujeres afganas, que son las que están en situación de mayor riesgo y que han visto cómo los pequeños avances conseguidos en las últimas dos décadas han desaparecido”. Asimismo, Mustafá ha subrayado que “las instituciones de educación superior deben tener compromiso y solidaridad en la formación y acogida de las personas refugiadas que lleguen a nuestro país en búsqueda de protección internacional”.
Finalmente, la diputada socialista ha solicitado al Gobierno de España que incremente el número de plazas de acogida “para ayudar a quienes necesitan protección internacional” y ha remarcado que “la protección de estas personas, además de ser una obligación que deriva de la ley y de los acuerdos internacionales, también tiene que ser una prioridad para las administraciones públicas que deben de adoptar medidas de asistencia y protección”, ha concluido.