- El secretario de Coordinación con Diputaciones del PSPV-PSOE denuncia “el uso personalista de las instituciones por parte del PP, que pretende convertir la Diputación en un reino de taifas sin ley”: “No permitiremos que hagan de la provincia su cortijo”
- Rafa García recuerda que, con la gestión socialista, los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han recibido 330 millones del Fondo de Cooperación frente a los 0 euros que ha aportado la institución provincial que gobierna el PP
València, 1 de febrero de 2022.- El secretario de Coordinación con Diputaciones de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Rafa García, ha denunciado hoy que el PPCV “ha optado por la vía de la judicialización para seguir discriminando a los ayuntamientos de la provincia de Alicante, a los que debe 70 millones de euros». Así lo ha manifestado el dirigente socialista sobre el recurso del Partido Popular al frente de la Diputación de Alicante a la Ley del Fondo de Cooperación, y ha advertido: “No permitiremos que hagan de la provincia su cortijo”.
“El señor Carlos Mazón y el PP están acostumbrados a hacer un uso partidista y hasta personalista de las instituciones, y ahora pretenden convertir la Diputación en un reino de taifas sin ley”, ha lamentado el también vicepresidente de la Diputación de València, quien ha señalado que los populares “se niegan a aplicar el reparto de fondos con criterios objetivos y transparentes porque sin duda prefieren gestionar el dinero de otra manera, dejando la puerta abierta a amiguismos”.
Asimismo, el dirigente socialista ha recordado que “con los y las socialistas al frente de las instituciones, los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han recibido ya 330 millones del Fondo de Cooperación frente a los 0 euros que ha destinado las instituciones en las que gobierna el PP». “Están boicoteando un plan muy deseado y esperado el municipalismo valenciano, y es a los alcaldes y alcaldesas, algunos de su propio partido, a quienes tendrán que dar explicaciones”, ha añadido, y ha concluido que “lo único que consiguen es generar un agravio comparativo y continuar una discriminación injusta para los municipios de Alicante».